El Ministerio Publico Fiscal solicito el sobreseimiento de Cristian Roberto Marín (35) en virtud de que no existía razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio por el hurto de cuatro mil quinientos pesos.
En la audiencia publica realizada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante el pasado miércoles 16 de diciembre, el fiscal Raúl Coronel pidió la absolución del imputado en el hurto de cuatro mil quinientos pesos en el mes de mayo de este mismo año.
Según relatan los hechos en la causa el día 06 de Mayo de 2.009, entre las 9:30. y 10:00 horas momentos en que el imputado habría sustraído la suma de cuatro mil quinientos pesos, de dependencias de la Municipalidad de Río Mayo.
En este contexto se supo que en ese horario, la tesorera de la corporación municipal,
Lili del Carmen Soto abrió un mueble metálico y saco un sobre con dinero y planillas de personal dejándolo en el escritorio de otra empleada.
En ese momento, se encontraba en el lugar solamente el imputado quien fue sindicado como presunto autor. Posteriormente el ex intendente Rubén Fri presento la denuncia en el Ministerio Publico Fiscal.
DE REDACCIÓN
Este medio pudo estar presente, y más allá de la información oficial pudo acceder a la versión más amplia del caso.
En la sala el imputado se presento junto al defensor público, el Dr. Juan Maidana para conocer si la causa podría ir a juicio y tal como lo expresara el informe, la fiscalia no pudo colectar la cantidad de pruebas que lo pudieran vincular al encartado con la sustracción.
A lo que la Defensa Publica solicito que el imputado sea absuelto por el beneficio de la duda. Es decir que según se desprende de lo relatado por los testigos, Marin no era la única persona que estaba en el lugar. Es mas, el armario metálico que señaló la funcionaria a cargo de la tesorería no era seguro, y que con un golpe se abría, además de ser ella quien poseía la única llave.
De esta manera, tampoco se puede asegurar que el dinero haya llegado al escritorio junto a las planillas. O más aun, qué funcionario de ese orden deje un sobre con dinero sobre un escritorio con esa cantidad declarada y con total naturalidad.
En este sentido, y evaluando las variantes, el Juez Roberto Casal hizo lugar a la solicitud del Defensor otorgando el sobreseimiento al imputado no solo porque no hubo pruebas suficientes, sino también porque no podían ubicarlo en el lugar del hecho como única persona.
Se supo además que el entonces Intendente Rubén Fri denuncio esto en la fiscalia de Sarmiento a fin de esclarecer el hurto, según lo denunciado por su propia tesorera y dicto un sumario administrativo solamente para el que se creía, era responsable único del hurto, lo que no se puede saber a ciencia cierta es si esto alcanza a la tesorera, ya que es quien resulta responsable en primer grado por todas las falencias en resguardo del dinero publico y que para su investigación debiera haber sido apartada del cargo inmediatamente a fin de vincularla o desvincularla del hurto. Esto indicaría que no hubo sumario.
A la luz de los acontecimientos, nos preguntamos qué hacia en un armario metálico “poco seguro” esa suma de dinero que supera ampliamente los 600 pesos destinado a caja chica.
Es más, también se pudo saber que quien debía abonar el dinero hurtado era personal jornalizado, sin contrato con el municipio, esto suma una falencia más a la funcionaria de mayor rango.
Nadie puede asegurar que el dinero estaba en su totalidad dentro del cajón metálico y por consecuencia, nadie puede asegurar que el dinero para pagar al personal del club de abuelos haya sido dejado sobre el escritorio de quien debía efectivizar los pagos. Todas son aseveraciones de la propia tesorera.
Y si por las dudas faltara mas condimento, la tesorera Lili del Carmen Soto, quien debió presentar su renunciar al ser destituido el intendente que la nombrara en el cargo, también debió someterse a la investigación, además de enfrentar el sumario administrativo como corresponde, ya que no por denunciar la sustracción la pone fuera de toda sospecha, por el contrario es quien mas responsabilidad tiene.
Pero las cosas se barajaron mal desde el principio, se llevo una cuestión administrativa a la justicia ordinaria. Al margen de que es sumamente dificultoso probar en las condiciones dadas de quién es el culpable del hurto, pero si de la ineficiencia o el exceso de confianza a la hora de manejar el dinero publico, que como dijimos antes, estaba destinado al pago de personal del club de abuelos.
El único funcionario que debió someterse a investigación fue Cristian Marin, que a partir de este hecho fue apartado de tesorería y puesto a cumplir tareas en el área de Catrastro del Municipio. Ídem situación debieron sufrir los demás funcionarios según el grado de implicancia hasta tanto se clarifique el hecho de donde desaparecieron misteriosamente 4.500 pesos, que a la fecha no tiene responsable, sino culpas infundadas.
No queremos hacer un juicio de culpabilidad sobre la figura de la tesorera. Porque estamos lejos de decir quien fue el/la que sustrajo el dinero, pero si hacer un juicio de valor sobre el cómo se maneja el dinero publico. Al margen de que la tarea investigativa desde la administración municipal deja mucho que desear. Se actuó por impulso y se llevo a la justicia una cuestión difícil de probar bajo los argumentos poco claros de una sola persona sobre otra sola persona.
No fue la única medida tomada a partir de entonces, ahora a todo el personal se le abona su sueldo con cheques que luego son depositados en el Banco del Chubut. En otros casos se adopto la tarjeta magnética para utilizar por cajero.
Por supuesto que ahora la cuestión debe seguir, y la difícil tarea de llegar al claro de la investigación le toca seguir a la Intendente Paola Santos, quien estuvo también en la audiencia en representación del municipio.
En la audiencia publica realizada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante el pasado miércoles 16 de diciembre, el fiscal Raúl Coronel pidió la absolución del imputado en el hurto de cuatro mil quinientos pesos en el mes de mayo de este mismo año.Según relatan los hechos en la causa el día 06 de Mayo de 2.009, entre las 9:30. y 10:00 horas momentos en que el imputado habría sustraído la suma de cuatro mil quinientos pesos, de dependencias de la Municipalidad de Río Mayo.
En este contexto se supo que en ese horario, la tesorera de la corporación municipal,
Lili del Carmen Soto abrió un mueble metálico y saco un sobre con dinero y planillas de personal dejándolo en el escritorio de otra empleada.
En ese momento, se encontraba en el lugar solamente el imputado quien fue sindicado como presunto autor. Posteriormente el ex intendente Rubén Fri presento la denuncia en el Ministerio Publico Fiscal.
DE REDACCIÓN
Este medio pudo estar presente, y más allá de la información oficial pudo acceder a la versión más amplia del caso.
En la sala el imputado se presento junto al defensor público, el Dr. Juan Maidana para conocer si la causa podría ir a juicio y tal como lo expresara el informe, la fiscalia no pudo colectar la cantidad de pruebas que lo pudieran vincular al encartado con la sustracción.
A lo que la Defensa Publica solicito que el imputado sea absuelto por el beneficio de la duda. Es decir que según se desprende de lo relatado por los testigos, Marin no era la única persona que estaba en el lugar. Es mas, el armario metálico que señaló la funcionaria a cargo de la tesorería no era seguro, y que con un golpe se abría, además de ser ella quien poseía la única llave.
De esta manera, tampoco se puede asegurar que el dinero haya llegado al escritorio junto a las planillas. O más aun, qué funcionario de ese orden deje un sobre con dinero sobre un escritorio con esa cantidad declarada y con total naturalidad.
En este sentido, y evaluando las variantes, el Juez Roberto Casal hizo lugar a la solicitud del Defensor otorgando el sobreseimiento al imputado no solo porque no hubo pruebas suficientes, sino también porque no podían ubicarlo en el lugar del hecho como única persona.
Se supo además que el entonces Intendente Rubén Fri denuncio esto en la fiscalia de Sarmiento a fin de esclarecer el hurto, según lo denunciado por su propia tesorera y dicto un sumario administrativo solamente para el que se creía, era responsable único del hurto, lo que no se puede saber a ciencia cierta es si esto alcanza a la tesorera, ya que es quien resulta responsable en primer grado por todas las falencias en resguardo del dinero publico y que para su investigación debiera haber sido apartada del cargo inmediatamente a fin de vincularla o desvincularla del hurto. Esto indicaría que no hubo sumario.
A la luz de los acontecimientos, nos preguntamos qué hacia en un armario metálico “poco seguro” esa suma de dinero que supera ampliamente los 600 pesos destinado a caja chica.
Es más, también se pudo saber que quien debía abonar el dinero hurtado era personal jornalizado, sin contrato con el municipio, esto suma una falencia más a la funcionaria de mayor rango.
Nadie puede asegurar que el dinero estaba en su totalidad dentro del cajón metálico y por consecuencia, nadie puede asegurar que el dinero para pagar al personal del club de abuelos haya sido dejado sobre el escritorio de quien debía efectivizar los pagos. Todas son aseveraciones de la propia tesorera.
Y si por las dudas faltara mas condimento, la tesorera Lili del Carmen Soto, quien debió presentar su renunciar al ser destituido el intendente que la nombrara en el cargo, también debió someterse a la investigación, además de enfrentar el sumario administrativo como corresponde, ya que no por denunciar la sustracción la pone fuera de toda sospecha, por el contrario es quien mas responsabilidad tiene.
Pero las cosas se barajaron mal desde el principio, se llevo una cuestión administrativa a la justicia ordinaria. Al margen de que es sumamente dificultoso probar en las condiciones dadas de quién es el culpable del hurto, pero si de la ineficiencia o el exceso de confianza a la hora de manejar el dinero publico, que como dijimos antes, estaba destinado al pago de personal del club de abuelos.
El único funcionario que debió someterse a investigación fue Cristian Marin, que a partir de este hecho fue apartado de tesorería y puesto a cumplir tareas en el área de Catrastro del Municipio. Ídem situación debieron sufrir los demás funcionarios según el grado de implicancia hasta tanto se clarifique el hecho de donde desaparecieron misteriosamente 4.500 pesos, que a la fecha no tiene responsable, sino culpas infundadas.
No queremos hacer un juicio de culpabilidad sobre la figura de la tesorera. Porque estamos lejos de decir quien fue el/la que sustrajo el dinero, pero si hacer un juicio de valor sobre el cómo se maneja el dinero publico. Al margen de que la tarea investigativa desde la administración municipal deja mucho que desear. Se actuó por impulso y se llevo a la justicia una cuestión difícil de probar bajo los argumentos poco claros de una sola persona sobre otra sola persona.
No fue la única medida tomada a partir de entonces, ahora a todo el personal se le abona su sueldo con cheques que luego son depositados en el Banco del Chubut. En otros casos se adopto la tarjeta magnética para utilizar por cajero.
Por supuesto que ahora la cuestión debe seguir, y la difícil tarea de llegar al claro de la investigación le toca seguir a la Intendente Paola Santos, quien estuvo también en la audiencia en representación del municipio.
