En el inicio de la misma, el magistrado dio lectura de los hechos a investigar.
e indico que los hechos se registraron el 11 de febrero del 2009, cuando se presento al Concejo Deliberante de Sarmiento, una nota que tenia por finalidad solicitar que se convoque a una sesión extraordinaria para el día 13 de febrero a las 21 horas.
Asimismo, se explico que el objetivo de dicha sesión era el de procurar la derogación de dos ordenanzas y la puesta en vigencia de otras normas, que se citan en la mencionada nota.
Esa misiva se encontraba firmada por los concejales Juan Isaac Villegas (U.C.R), Rubén Alberto Camarda, Alberto Baru, Rita Vázquez (P.J), Héctor Fabián Muñoz (Verdad y Compromiso) y Viviana González (Partido Alternativa Vecinal).
La denunciante de esta situación, fue la edil Miriam Gerez (Partido Alternativa Vecinal), quien se desempeñaba entonces como Presidenta del Concejo Deliberante, quien señalo que el 06 de febrero, el concejal Héctor Muñoz, había informado por nota, que no estaría en la ciudad desde esa fecha hasta el día 13 de febrero.
Según la concejal Gerez, esta circunstancia le llamo la atención al observar que la nota con la solicitud de sesión extraordinaria estuviera rubricada por Muñoz y al cotejar la misma con otras notas, advirtiendo que a simple vista los rasgos en cuestión no coincidan, motivo por el cual realizo la denuncia.
Practicada la averiguación preliminar, la pericia caligráfica ordenada por el Ministerio Publico Fiscal, determino que la firma no pertenecía al representate del bloque unipersonal Verdad y Compromiso.
Con posterioridad, la edil Viviana González, en sesión del Concejo Deliberante, realizada el 22 de abril, habría reconocido la autoría de la falsificación de la firma que se atribuía a Héctor Muñoz.
Finalmente se informo que la calificación provisoria que se le atribuye a la concejal González, es la de constitutiva del delito de falsificación de instrumento publico, en calidad de autora, agravado por su calidad de funcionario publico.
El representante del Ministerio Publico Fiscal, Dr. Raúl Coronel estuvo acompañado por querellante Dr. Carlos Iurich como representante especial de la Municipalidad de Sarmiento.
La Fiscalia solicito el plazo máximo de investigación y no pidió medidas de coerción de la libertad para los imputados.
A su turno, los abogados defensores de la edil, Dra. Karina Azpitiarte y Dr. Miguel Ángel Caviglia, indicaron al magistrado que iban a objetar la formalización presentada por la Fiscalia, al entender que este Ministerio, había tardado cuatro meses en formalizar por lo que estaría violando las garantías de debido proceso.
Asimismo indicaron que la formalización no podía ser avalada por el magistrado en orden a plazo ordenatorio de 15 días establecido en el articulo 269 del Código Procesal Penal.
Por su parte el Fiscal Coronel manifestó que el pedido de la Defensa estaba basado en una interpretación de un artículo que no resistía el análisis del contexto del Código ni de la realidad.
En este sentido agrego que la denuncia había sido presentada el 12 de febrero por un hecho ocurrido el día anterior, por lo que ni ese momento ni el momento del hecho pesaba sobre la Fiscalia la obligación de formalizar sin contar con los elementos necesarios.
“Que el hilo no se corte por lo mas delgado”
La imputado utilizo su derecho a declarar e indico que “tome conocimiento de la situación por los medios periodísticos y declaraciones de algunos personajes políticos que han utilizado mi error para traerme a este lugar, pero hasta el día de hoy no había sido notificada, esto demuestra que han utilizado un error para hacer una causa política con la intención de que abandone mi banca a la que llegue por el voto del pueblo ”.
Por otra parte agrego “el origen de todo es que a nuestro entender se había puesto en vigencia una ordenanza, cuyo tema también esta siendo investigado por la justicia, que a nuestro criterio es arbitraria, injusta e ilegal y que sigue causando un daño al pueblo”
En este sentido sostuvo” confío en que se aclare que una nota interna de pedido de sesión, que no se realizo, que no tuvo consecuencias, no es un documento publico, cometí un error involuntario y espero que “el hilo no se corte por lo más delgado”
Finalmente el Juez Dr. Alejandro Rosales, no hizo lugar a los planteos de la defensa, resolvió tener por formalizada la investigación y otorgar un plazo de tres meses de investigación.
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