El dictamen consensuado con los distintos bloques y especialistas en la materia, trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud, declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan TEA (Trastorno del Espectro Autista), la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también, la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y acceso a las prestaciones.
Asimismo establece que las obras sociales y prepagas tendrán a su cargo de manera obligatoria, las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los de quienes sufren este tipo de trastornos; e incorpora al Programa Médico Obligatorio las prestaciones de salud necesarias.
“El dictamen representa un avance importante para dar una respuesta a nivel nacional a esta problemática, sobre la que incluso ya ha avanzado la legislación provincial en algunos casos. Es importante que se plasme con la sanción en ambas Cámaras y de una reglamentación que garantice su aplicación plena”, expresó Guinle.
Chubut pionera
La provincia del Chubut ha sido pionera en la atención de la problemática a través de la primera ley existente sobre la materia en Latinoamérica (Ley I N° 207, antes Ley 4542). Luego se sumaron con regulaciones específicas en la materia La Rioja, Buenos Aires y Corrientes, entre otras.
A nivel nacional, las discapacidades están cubiertas en general por las prestaciones de la actual Ley 24.901, en la cual no se incluye al autismo, por no estar dentro del nomenclador de incapacidades de la Ley 22.431. “Por tal motivo, entendemos que debe existir una ley específica que reconozca sus necesidades y garantice sus derechos, administrando medios y recursos necesarios para asegurarlos”, señaló Guinle.
Para el legislador chubutense, “resulta imperioso que la sociedad en su conjunto, a través de la legislación, reconozca la gravedad de esta enfermedad, garantizando derechos y prestaciones a quienes los padecen para que puedan gozar de una asistencia integral, que permita reinsertarlos en la sociedad en la medida de lo posible”.
“En definitiva, se busca mejorar la calidad de vida no sólo de las personas afectadas, sino de sus familias y así, de la sociedad en su conjunto. El Estado tiene la obligación final de contemplar las prestaciones y, por supuesto, de garantizarlas”, concluyó.
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