En la sesión de mañana, prevista para la hora 19:00, el concejo dará ingreso formal al presupuesto fiscal 2010, presupuesto de gastos año 2010, calculo del recurso, planta de personal, ordenanza impositiva y cuadro tarifario impuesto automotor.
Como corresponde esto será tratado en la comisión de hacienda, Finanzas y Asuntos legales donde los concejales de ambas bancas podrán hacer las observaciones pertinente y posteriormente en sesión especial será aprobado.
En el marco de este tratamiento, según trascendió, el día viernes los concejales recibirían a un grupo de empleados municipales que buscan un encuadre gremial distinto al que existe desde hace mas de una década con el fin de poner en conocimiento sobre los alcances logrados y aprovechando la oportunidad presentaran un documento donde rechazan las designaciones de categorías de forma arbitrarias realizadas durante el periodo que le tocara conducir al destituido intendente Rubén Fri.
Sobre este ultimo punto, en una reunión mantenida días atrás con la Intendente Paola Santos le habría hecho saber a los empleados municipales que quedaran fuera del beneficio que no daría marcha atrás sobre la decisión tomada oportunamente por Fri, argumentando que los mismos estarían aprobados por ordenanza. Cuestión esta que fue discutida por los referentes municipales ya que el incremento de las categorías fue posterior a la aprobación del presupuesto 2008 y que por ingresar fuera de termino, el presupuesto 2009 no se trato, prorrogándose el anterior.
Pasando en blanco, el único aval con el que contarían los incrementos estos, serian resoluciones arbitrarias de dudosa procedencia, que solo habría beneficiado al personal como parte del trabajo electoral de campaña del ProVeCh.
Cabe recordar también que fueron denunciados por incremento de sus haberes el Ex – Intendente Rubén Fri y el Ex – Secretario de Gobierno Domingo Sola. No es un dato menor, pero el incremento a digitados empleados que colaboraron durante la campaña, de no dar marcha atrás, caería en otra denuncia judicial que deberá afrontar el municipio, ya que el beneficio carece de los principios constitucionales de igualdad y equidad.
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