Las iniciativas se aprobaron durante la sesión legislativa de la pasada semana tras su presentación por parte del presidente del bloque radical, Roberto Risso, y aluden, por un lado, a convenios de cooperación firmados en febrero de 2010 entre esa cartera ministerial y veintisiete municipios y comisiones de fomento de la provincia y, por el otro, a la habilitación para el uso de los vehículos secuestrados o retenidos por la justicia en tareas de la seguridad pública
Mediante otro proyecto de resolución del mismo bloque radical, se requirieron también detalles respecto del Fondo para
Reparación de móviles
El 3 de febrero de 2010 se firmaron convenios de cooperación para la reparación de móviles policiales entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, representado por Héctor Miguel Castro, y los intendentes municipales de Trelew, Tecka, Río Mayo Rawson, Paso de Indios, Gualjaina, Gaiman, Epuyén, Dolavon, Cholila, Comodoro Rivadavia, Alto Río Senguer, Puerto Madryn, Río Pico, Rada Tilly, Corcovado, El Hoyo, El Maitén, José de San Martín, Trevelin, Gobernador Costa, Lago Puelo, Camarones, Sarmiento, Esquel y las comisiones de fomento de Puerto Pirámides y 28 de Julio.
Los convenios, ratificados por decreto 666 del 20 de mayo de ese mismo año, tenían por objeto realizar arreglos mecánicos, por intermedio de terceros, de chapa y pintura, electro-mecánicos y la adquisición de repuestos para móviles policiales de las comisarías con jurisdicción en los límites de cada ejido municipal firmante, “abonando cada municipio y reintegrando mensualmente el Ministerio hasta los importes indicados en las cláusulas primeras de cada convenio”.
Los fundamentos del decreto aludieron en su momento a “la celeridad con la que se necesitan las reparaciones, para obtener el regreso de los vehículos a las calles con la mayor premura posible”.
A partir de aquellos objetivos, el bloque de
Vehículos secuestrados
Por otro lado se pidió copia del registro interno de individualización de vehículos entregados en depósito, conforme lo establecido por el artículo 4° de
La resolución finalmente aprobada procura información acerca de “la cantidad de automotores que, encontrándose a disposición de dicho ministerio, hayan sido destinados a unidades policiales, especificándose fecha y destino de cada vehículo”.
La ley promulgada en 2009 fue motivo de un agradecimiento público del entonces ministro de Gobierno, Máximo Pérez Catán, a los diputados justicialistas por la aprobación de esa norma “muy importante para el diagrama de seguridad de la provincia”, según dijo.
Compensación a Víctimas
Mediante otro pedido de informes, los diputados radicales se dirigieron al Ministro de Gobierno y Justicia, con un conjunto de interrogantes sobre la aplicación de la ley I N° 284 (antes Ley 5241), conocida como Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos Dolosos Violentos y contra
El pedido reclama inicialmente el monto destinado al Fondo para
La misma norma constituyó dicho Fondo con recursos provenientes de las Partidas Presupuestarias que le asigne el Gobierno Provincial previstas específicamente en las leyes de Presupuesto Anual; los aportes en concepto de donaciones en dinero o en especie que hagan las instituciones Públicas o Privadas, como también de particulares; los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo y los montos que perciba el Estado por las acciones subrogatorias y de repetición previstas en esta ley.
Otros asuntos apunta a conocer el listado de funcionarios que integraron e integran
Según esta norma, las solicitudes de ayuda deben ser tramitadas por la repartición a la que expresamente
“Contra las resoluciones y actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos podrán interponerse por los titulares de un derecho subjetivo, o de un interés legítimo los recursos que establece
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